Desde que en 2007 se creara en Venezuela las empresas mixtas luego de la nacionalización de PDVSA, acordando una distribución del control de las acciones entre los asociados en un promedio de 60% para la estatal petrolera venezolana y un 40% para las empresas extranjeras, varias transnacionales como ExxonMobil y la mencionada ConocoPhillips decidieron no participar bajo estas condiciones y retirarse del país. Se inició un proceso de nacionalización de sus activos e indemnización acordado en Venezuela.
Sin embargo, el tránsito de negociaciones para determinar la compensación de estas petroleras, lejos de ser un diálogo que llegara a un consenso justo para ambas partes, se transformó en una herramienta para el ataque internacional a PDVSA y Venezuela.
Basta decir que la suma estipulada a favor de la empresa extranjera y decretada por la Cámara Internacional de Comercio es menor a la ofrecida por el Estado venezolano en el momento de concretar la litigación, como se manifestó en un comunicado emitido desde Caracas.
El peso argumental de "recuperar el valor perdido" expresado por la firma estadounidense se cae al estimar este dato. El objetivo no es obtener un pago como retribución a la autoexclusión de las corporaciones que preferían los acuerdos que beneficiaban el saqueo de las riquezas petroleras.
En cambio, se perfilan las intenciones a sumar esfuerzos por intensificar las acciones de desestabilización contra el corazón económico de Venezuela, llevando a cabo una operación de embargo velada por vías no convencionales.
Reuters afirmó que "las islas de Bonaire y San Eustaquio (...) juegan un papel crítico para las exportaciones de crudo de la (petrolera) venezolana, la principal fuente de ingresos para el país. PDVSA depende de los terminales para procesar, almacenar y mezclar su petróleo". En síntesis, se trata de una maniobra para afectar las exportaciones petroleras y, por ende, sus ingresos como mecanismo para acrecentar las dificultades económicas del país en plena coyuntura electoral.
Es necesario recordar que desde hace varios meses se viene manejando públicamente el escenario de un embargo petrolero al país. En ese sentido, el ex secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson condujo, a principios de año, una gira por Latinoamérica: una de sus paradas estratégicas fue Jamaica, donde apuntaba a discutir en tono chantajista con las naciones caribeñas sobre las implicaciones de la confiscación de este recurso energético a Venezuela y las posibles alternativas para mitigar las consecuencias de esa decisión en la región, teniendo en cuenta las sólidas relaciones de cooperación internacional tejidas por Venezuela y el Caribe en el marco de Petrocaribe.
Precisamente, el gobierno estadounidense ha sido espectador en primera fila del poder de esta alianza en los intentos por lograr imponer el recurso de la Carta Democrática de la OEA para así avanzar en su agenda de sanciones contra el país, fracasando en el objetivo por falta de apoyo del bloque caribeño, que siempre ha abogado por el respeto a la soberanía venezolana y su institucionalidad.
PDVSA es la última columna a derribar para subir el volumen del bloqueo financiero (vía embargo petrolero)
Por eso, es fácil intuir que el movimiento de ConocoPhillips, que traza la dirección hacia las islas de Bonaire y San Eustaquio en una primera etapa según Reuters, busca golpear por vías alternas a Petrocaribe para socavar su influencia en la región, en vista de que aún no materializan el embargo petrolero. Esta medida podría apuntar a atemorizar al Caribe en sus relaciones con Venezuela, amenazando probablemente con embargos, confiscación de activos y litigios legales si no retiran el apoyo diplomático al país y mantienen su oposición a medidas económicas y políticas lesivas desde Washington.
Es fundamental dentro de la estrategia geopolítica de EEUU contra Venezuela reducir el apoyo y aislar al Caribe, persiguiendo el objetivo de utilizar a la OEA como un canal institucional para solidificar las sanciones financieras contra el país y generar un consenso regional para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo.
Bajo ese marco político y temporal, EEUU moviliza nuevamente a la OEA para hacer valer sus intereses en el intento de derribar, por vías de presión no convencionales como la intención de embargo de ConocoPhillips, un convenio de protección diplomática, política y energética entre Venezuela y el Caribe, que desde el año 2005 ha demostrado ser efectivo y eficiente con relación a los intereses nacionales de ambas partes.
En marzo del año pasado, esta tribuna reveló que los planes de las corporaciones petroleras de capital estadounidense en el Caribe consistían en recuperar el monopolio energético sobre esta región, con base a acuerdos desventajosos para países que históricamente han sido tratados como complejos vacacionales y hoteleros, más que como naciones dignas. Y es justamente ese sentido histórico el que ha permitido, aún en medio de presiones insólitas e intervenciones militares en el pasado reciente de factura gringa, que el Caribe se mantenga unido frente a amenazas externas contra Petrocaribe. Un convenio que le ha permitido reducir se dependencia energética de los EEUU.
Por su parte, la mediática internacional hace su trabajo de caja de resonancia, amplificando el ruido propagandista contra Venezuela a días de realizarse las elecciones presidenciales y en declarada campaña contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Las acciones financieras y mediáticas se coordinan para generar un clima de inestabilidad y presión desde todos los frentes, en tanto EEUU se juega su condición de "gran elector" de las próximas elecciones presidenciales en el frente internacional y específicamente en el Caribe.
PDVSA es la última columna a derribar para subir el volumen del bloqueo financiero (vía embargo petrolero) con miras a generar un implosión social y política en Venezuela, que otorgue "las razones" de peso suficientes para poner en el tablero de opciones una incursión militar bajo el velo "humanitario". Porque por la vía electoral y política, frente a una oposición interna desmantelada, carente de credibilidad y aislada del país, pocas son las opciones que van quedando para llevar a sus últimas consencuencias la operación de cambio de régimen en Venezuela.
